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Hola a todos los que entran aqui,
No voy a poner mas articulos aqui, si quieren pueden verme en Facebook "Legendre Michel".
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Pasar un buen dia.
Legendre Michel "Michel el frances"
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Panamatierrabonita67 ans
Châtellerault (86)
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Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas
Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.
PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista1380058
Leonardo Flores UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com
A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.
Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.
Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.
Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.
El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.
La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.
En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.
Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.
Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.
La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.
En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.
El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.
Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.
El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.
Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.
DAÑO ECOLÓGICO
Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.
Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.
La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.
“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.
El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.
DISPUTA LEGAL
Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.
Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.
A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.
PUEBLO PARTIDO EN DOS
Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.
Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.
El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.
¿PLAGIO DE EIA?
Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.
Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.
Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.
En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.
Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.
El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.
Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.
Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.
Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.
Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.
¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?
Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.
PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista1380058
Leonardo Flores UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com
A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.
Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.
Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.
Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.
El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.
La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.
En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.
Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.
Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.
La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.
En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.
El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.
Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.
El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.
Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.
DAÑO ECOLÓGICO
Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.
Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.
La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.
“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.
El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.
DISPUTA LEGAL
Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.
Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.
A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.
PUEBLO PARTIDO EN DOS
Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.
Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.
El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.
¿PLAGIO DE EIA?
Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.
Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.
Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.
En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.
Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.
El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.
Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.
Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.
Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.
Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.
¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?
De Varela Hermanos al gobierno
Al menos 10 antiguos empleados de Juan Carlos Varela en su empresa familiar –Varela Hermanos– trabajan hoy en el gobierno.
FLOR MIZRACHI ANGEL flor@prensa.com
En al menos tres entidades del Estado y dos consulados de Panamá en el extranjero trabajan ex empleados de Varela Hermanos, propiedad de la familia del vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela.
El también canciller ha contratado en puestos clave al menos a 10 personas que trabajaron con él en la empresa licorera.
En la Cancillería se realizó la última contratación: el lunes 10 de mayo. Se trata de Marien Calviño, quien coordinará las cumbres regionales. Hasta el 30 de abril, Calviño se desempeñaba como gerente de operaciones de Varela Hermanos, confirmó este diario telefónicamente.
Ese lunes también ingresó a la Cancillería, como asistente de Calviño, la ex asistente de marca de Varela Hermanos, Gina Aizpurúa.
Ni Calviño ni Aizpurúa aparecen aún en la planilla del nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, por lo que sus remuneraciones no son públicas.
Quien sí aparece en planilla con un salario de $4 mil es Raúl Sandoval, ex gerente de marcas en Varela Hermanos. Hoy es asesor del despacho superior.
También aparece en la planilla –con un salario de mil 200 dólares– Alberto Macré, quien formaba parte del equipo de contabilidad de Varela Hermanos. Macré aparece en el listado oficial como asistente ejecutivo.
EN OTRAS ENTIDADES
En la Dirección General de Mantenimiento de las Áreas Canaleras, que responde al Ministerio de Relaciones Exteriores, también laboran dos ex empleados de Varela Hermanos: Manuel Salazar y Juan Carlos Ríos.
Una llamada de este diario confirmó que ambos laboran en el área técnica –Salazar como jefe y Ríos como coordinador–, pero la secretaria aseguró que los dos estaban en el “campo”.
Según el nodo de Transparencia, Salazar gana mil dólares, y Ríos, mil 500.
En Tocumen también hay personal de confianza de Varela. Juan Carlos Pino, ex gerente comercial de Varela Hermanos, es hoy el gerente comercial del aeropuerto. De hecho, el martes 11 de mayo apareció su nombramiento en la Gaceta Oficial 26530. Hasta entonces, Pino ocupaba el cargo de director comercial de Tocumen. En el área de mercadeo de Tocumen labora Eduardo Caballero, ex supervisor de eventos en Varela Hermanos.
En el nodo de Transparencia no aparece la planilla de Tocumen y en el sitio web de esta empresa del Estado la planilla no ha sido actualizada desde 2008, por lo que los sueldos de Pino y de Caballero no son públicos.
FUERA DEL PAÍS
En el servicio exterior también está la presencia de Varela Hermanos. Mónica Alegre, hija de la recién designada Marien Calviño, es vicecónsul en España, con un salario de $800.
Otro ex empleado de Varela que hoy es funcionario es Mario Cucalón, ex encargado de marcas importadas de la empresa familiar de Varela, y hoy embajador de Panamá en Taiwan. Cucalón gana $9 mil 500: más que los ministros de Estado.
En tanto, Giovanni Afú, ex gerente de marca de Varela Hermanos, fue hasta hace poco agregado en la Embajada de Panamá en España. Con una llamada se constató que Afú está en Panamá haciendo trámites, pues fue trasladado a las islas Canarias.
Las funciones de Afú no son del todo consulares. En un correo que firma como director comercial de la embajada, Afú promociona la venta del Ron Abuelo en España, informándole a más de 30 destinatarios un nuevo punto de venta de ese producto (ver facsímil).
ALLEGADOS EN EL PODER
Adolfo Valderrama, uno de los diputados más cercanos a Varela y quien trabajó con él en la licorera, también logró posicionar a su familia en el gobierno. Su hermana, Gina Valderrama, es jefa de comunicaciones corporativas de Tocumen, y su esposa, Ana Graciela Arosemena, gana $3 mil en la Cancillería como asesora del despacho superior.
CONFLICTO DE INTERESES
El artículo 39 del Código de Ética establece que, “a fin de preservar la independencia de criterio”, el funcionario no puede “aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.
Este diario llamó a Varela para conocer su opinión, pero no atendió su celular ni las llamadas realizadas a través de su relacionista pública.
Sin embargo, José Luis Varela, hermano del canciller, presidente de la Asamblea Nacional y director de Varela Hermanos, defendió estos nombramientos alegando que “en un gobierno donde hay más de 150 mil empleados, hablar de 12 personas –todas profesionales– no es nada exagerado ni pecaminoso”.
EL TOQUE DE rICAMAR EN EL PODER
Además de la buena cantidad de familiares y amigos que tiene nombrados en el gobierno y en el servicio exterior, el presidente, Ricardo Martinelli, también ha nombrado en puestos clave a colaboradores de sus empresas. Como ministra de Trabajo designó a Alma Cortés, su abogada personal y de negocios. En la dirección del Servicio de Protección Institucional empleó a Jaime Trujillo, ex jefe de seguridad del Súper 99.
Otra persona del círculo empresarial íntimo del Presidente es Gioconda de Bianchini, ex jefa de auditoría interna de Importadora Ricamar y hoy contralora. Julio Ábrego, director del Instituto de Investigación Agropecuaria, también laboró en Ricamar como jefe de depósito. Un caso llamativo es el de Marisín Luzcando, hija de Delia de Luzcando, gerente de los Súper 99. Luzcando fue nombrada en el Sistema Estatal de Radio y Televisión. Martinelli también nombró a la nuera de Luzcando, Sonia de Luzcando, en la dirección del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos.
Al menos 10 antiguos empleados de Juan Carlos Varela en su empresa familiar –Varela Hermanos– trabajan hoy en el gobierno.
FLOR MIZRACHI ANGEL flor@prensa.com
En al menos tres entidades del Estado y dos consulados de Panamá en el extranjero trabajan ex empleados de Varela Hermanos, propiedad de la familia del vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela.
El también canciller ha contratado en puestos clave al menos a 10 personas que trabajaron con él en la empresa licorera.
En la Cancillería se realizó la última contratación: el lunes 10 de mayo. Se trata de Marien Calviño, quien coordinará las cumbres regionales. Hasta el 30 de abril, Calviño se desempeñaba como gerente de operaciones de Varela Hermanos, confirmó este diario telefónicamente.
Ese lunes también ingresó a la Cancillería, como asistente de Calviño, la ex asistente de marca de Varela Hermanos, Gina Aizpurúa.
Ni Calviño ni Aizpurúa aparecen aún en la planilla del nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, por lo que sus remuneraciones no son públicas.
Quien sí aparece en planilla con un salario de $4 mil es Raúl Sandoval, ex gerente de marcas en Varela Hermanos. Hoy es asesor del despacho superior.
También aparece en la planilla –con un salario de mil 200 dólares– Alberto Macré, quien formaba parte del equipo de contabilidad de Varela Hermanos. Macré aparece en el listado oficial como asistente ejecutivo.
EN OTRAS ENTIDADES
En la Dirección General de Mantenimiento de las Áreas Canaleras, que responde al Ministerio de Relaciones Exteriores, también laboran dos ex empleados de Varela Hermanos: Manuel Salazar y Juan Carlos Ríos.
Una llamada de este diario confirmó que ambos laboran en el área técnica –Salazar como jefe y Ríos como coordinador–, pero la secretaria aseguró que los dos estaban en el “campo”.
Según el nodo de Transparencia, Salazar gana mil dólares, y Ríos, mil 500.
En Tocumen también hay personal de confianza de Varela. Juan Carlos Pino, ex gerente comercial de Varela Hermanos, es hoy el gerente comercial del aeropuerto. De hecho, el martes 11 de mayo apareció su nombramiento en la Gaceta Oficial 26530. Hasta entonces, Pino ocupaba el cargo de director comercial de Tocumen. En el área de mercadeo de Tocumen labora Eduardo Caballero, ex supervisor de eventos en Varela Hermanos.
En el nodo de Transparencia no aparece la planilla de Tocumen y en el sitio web de esta empresa del Estado la planilla no ha sido actualizada desde 2008, por lo que los sueldos de Pino y de Caballero no son públicos.
FUERA DEL PAÍS
En el servicio exterior también está la presencia de Varela Hermanos. Mónica Alegre, hija de la recién designada Marien Calviño, es vicecónsul en España, con un salario de $800.
Otro ex empleado de Varela que hoy es funcionario es Mario Cucalón, ex encargado de marcas importadas de la empresa familiar de Varela, y hoy embajador de Panamá en Taiwan. Cucalón gana $9 mil 500: más que los ministros de Estado.
En tanto, Giovanni Afú, ex gerente de marca de Varela Hermanos, fue hasta hace poco agregado en la Embajada de Panamá en España. Con una llamada se constató que Afú está en Panamá haciendo trámites, pues fue trasladado a las islas Canarias.
Las funciones de Afú no son del todo consulares. En un correo que firma como director comercial de la embajada, Afú promociona la venta del Ron Abuelo en España, informándole a más de 30 destinatarios un nuevo punto de venta de ese producto (ver facsímil).
ALLEGADOS EN EL PODER
Adolfo Valderrama, uno de los diputados más cercanos a Varela y quien trabajó con él en la licorera, también logró posicionar a su familia en el gobierno. Su hermana, Gina Valderrama, es jefa de comunicaciones corporativas de Tocumen, y su esposa, Ana Graciela Arosemena, gana $3 mil en la Cancillería como asesora del despacho superior.
CONFLICTO DE INTERESES
El artículo 39 del Código de Ética establece que, “a fin de preservar la independencia de criterio”, el funcionario no puede “aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.
Este diario llamó a Varela para conocer su opinión, pero no atendió su celular ni las llamadas realizadas a través de su relacionista pública.
Sin embargo, José Luis Varela, hermano del canciller, presidente de la Asamblea Nacional y director de Varela Hermanos, defendió estos nombramientos alegando que “en un gobierno donde hay más de 150 mil empleados, hablar de 12 personas –todas profesionales– no es nada exagerado ni pecaminoso”.
EL TOQUE DE rICAMAR EN EL PODER
Además de la buena cantidad de familiares y amigos que tiene nombrados en el gobierno y en el servicio exterior, el presidente, Ricardo Martinelli, también ha nombrado en puestos clave a colaboradores de sus empresas. Como ministra de Trabajo designó a Alma Cortés, su abogada personal y de negocios. En la dirección del Servicio de Protección Institucional empleó a Jaime Trujillo, ex jefe de seguridad del Súper 99.
Otra persona del círculo empresarial íntimo del Presidente es Gioconda de Bianchini, ex jefa de auditoría interna de Importadora Ricamar y hoy contralora. Julio Ábrego, director del Instituto de Investigación Agropecuaria, también laboró en Ricamar como jefe de depósito. Un caso llamativo es el de Marisín Luzcando, hija de Delia de Luzcando, gerente de los Súper 99. Luzcando fue nombrada en el Sistema Estatal de Radio y Televisión. Martinelli también nombró a la nuera de Luzcando, Sonia de Luzcando, en la dirección del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos.
Ministra arremete contra sindicalistas
Foto: Archivo La Estrella
Dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados rechazan acusaciones de Alma Cortés.
Las declaraciones de la titular de Trabajo desencadenaron una guerra de acusaciones. Para la otra semana preparan marchas
CARLOS ATENCIO catencio@laestrella.com.pa
PANAMÁ. El segundo Gabinete de Seguridad Preventiva realizado ayer en los predios de los edificios multifamiliares 7 y 8 del sector de Barraza, en El Chorrillo, se diferenció del encuentro anterior, en San Joaquín, por los polémicos señalamientos de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés.
Cortés empezó por descalificar a la dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO). Ellos, dijo, no proponen nada y simplemente se están peleando para ver quiénes van a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y así cobrar los 15 mil dólares de viáticos, y eso se acabó.
La ministra anunció cambios. Propondrá que las cuotas que pagan dos veces al mes los afiliados a los sindicatos no sean por descuento directo, como se hace a la fecha, sino por pagos voluntarios.
Cortés aprovechará las quejas que llegan a su despacho de los afiliados que manifiestan que le descuentan parte del salario y no reciben ningún tipo de beneficios de esos sindicatos.
Para ese trabajo, de revisar las cuentas sindicales, que según Cortés lo debe solicitar el 10% de los afiliados, tiene un pie de auditores laborales listos. “Me lo piden y yo les mando al auditor”.
La titular aseguró que el Suntracs maneja depósitos de millones de dólares, y el CONATO tiene depósitos bancarios interesantes. “Yo quiero ver si esa plata llega a los trabajadores”.
También recordó a los sindicalistas que “este es un gobierno de cambio, y ellos se metieron en la estructura de vigencia expirada, tienen una mentalidad de treinta años atrás, y este gobierno es para gente nueva, gente que viene de la empresa privada, que ha tenido experiencia en el sector público”.
La abogada destacó que ahora consultará a ese 83% de trabajadores que nunca son consultados, “quiero llegar a esos ciudadanos”, dijo.
VIENE LA LUCHA
Rafael Chavarría, coordinador del CONATO, advierte que los señalamientos de Cortés, sobre auditar los sindicatos es un sueño, porque la ley no la faculta. “Son los propios trabajadores, desde 1995 que presentan un informe al Mitradel, sobre el uso de los fondos.
Aclaró que de los fondos públicos que reciben del Seguro Educativo, para la formación de los trabajadores, cada sindicato tiene que presentar un informe para poder recibir la partida. “Ella mandó a auditar ésto a la Contraloría y todos salimos bien, pero insiste e insiste.. en que estamos mal”.
Chavarría, quien dice que es el 20% de los trabajadores el que puede solicitar una auditoría, adelantó que el próximo 20 de julio en la convención de dirigentes sindicales pedirán la solidaridad para Panamá por la falta de libertad sindical.
Por otro lado, el dirigente Mariano Mena, le advierte a la ministra que ellos entregan todos los informes como lo estipula la ley, y Contraloría hizo su trabajo. “Ella (Alma Cortés) siempre generaliza y mete a todo el mundo”.
“Con la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) la ministra no se va a meter”, advierte Mena, y recuerda que si ellos no usaran bien los fondos, no se les entregara las otras partidas.
Foto: Archivo La Estrella
Dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados rechazan acusaciones de Alma Cortés.
Las declaraciones de la titular de Trabajo desencadenaron una guerra de acusaciones. Para la otra semana preparan marchas
CARLOS ATENCIO catencio@laestrella.com.pa
PANAMÁ. El segundo Gabinete de Seguridad Preventiva realizado ayer en los predios de los edificios multifamiliares 7 y 8 del sector de Barraza, en El Chorrillo, se diferenció del encuentro anterior, en San Joaquín, por los polémicos señalamientos de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés.
Cortés empezó por descalificar a la dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO). Ellos, dijo, no proponen nada y simplemente se están peleando para ver quiénes van a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y así cobrar los 15 mil dólares de viáticos, y eso se acabó.
La ministra anunció cambios. Propondrá que las cuotas que pagan dos veces al mes los afiliados a los sindicatos no sean por descuento directo, como se hace a la fecha, sino por pagos voluntarios.
Cortés aprovechará las quejas que llegan a su despacho de los afiliados que manifiestan que le descuentan parte del salario y no reciben ningún tipo de beneficios de esos sindicatos.
Para ese trabajo, de revisar las cuentas sindicales, que según Cortés lo debe solicitar el 10% de los afiliados, tiene un pie de auditores laborales listos. “Me lo piden y yo les mando al auditor”.
La titular aseguró que el Suntracs maneja depósitos de millones de dólares, y el CONATO tiene depósitos bancarios interesantes. “Yo quiero ver si esa plata llega a los trabajadores”.
También recordó a los sindicalistas que “este es un gobierno de cambio, y ellos se metieron en la estructura de vigencia expirada, tienen una mentalidad de treinta años atrás, y este gobierno es para gente nueva, gente que viene de la empresa privada, que ha tenido experiencia en el sector público”.
La abogada destacó que ahora consultará a ese 83% de trabajadores que nunca son consultados, “quiero llegar a esos ciudadanos”, dijo.
VIENE LA LUCHA
Rafael Chavarría, coordinador del CONATO, advierte que los señalamientos de Cortés, sobre auditar los sindicatos es un sueño, porque la ley no la faculta. “Son los propios trabajadores, desde 1995 que presentan un informe al Mitradel, sobre el uso de los fondos.
Aclaró que de los fondos públicos que reciben del Seguro Educativo, para la formación de los trabajadores, cada sindicato tiene que presentar un informe para poder recibir la partida. “Ella mandó a auditar ésto a la Contraloría y todos salimos bien, pero insiste e insiste.. en que estamos mal”.
Chavarría, quien dice que es el 20% de los trabajadores el que puede solicitar una auditoría, adelantó que el próximo 20 de julio en la convención de dirigentes sindicales pedirán la solidaridad para Panamá por la falta de libertad sindical.
Por otro lado, el dirigente Mariano Mena, le advierte a la ministra que ellos entregan todos los informes como lo estipula la ley, y Contraloría hizo su trabajo. “Ella (Alma Cortés) siempre generaliza y mete a todo el mundo”.
“Con la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) la ministra no se va a meter”, advierte Mena, y recuerda que si ellos no usaran bien los fondos, no se les entregara las otras partidas.
Seguro de vida de B/ 20 mil para turistas en Panamá
En caso de accidente y enfermedad, el seguro cubre el transporte aéreo.
Ereida Prieto-Barreiro ereida.prieto@epasa.com PA-DIGITAL
La visita de extranjeros aumentó en los últimos años. Un seguro de vida con cobertura de hasta B/ 20 mil en caso de muerte otorgará la Autoridad del Turismo de Panamá (ATP) a los familiares de los extranjeros que fallezcan en territorio panameño.
El ministro de la ATP, Salomón Shamah, aseguró que si el turista sufre quebrantos de salud, el seguro lo cubrirá con B/ 7 mil, más siete días de hospitalización.
Además, recibirá un servicio de ambulancia aérea en caso de enfermedad y accidente.
Shamah indicó que si el turista fallece se brindará el servicio de repatriación del cuerpo y la cobertura de gastos legales.
Cobertura.
Este servicio tendrá un costo de B/ 2 por turista y será incluido en el paquete de viaje de todos los que escojan a Panamá como lugar de destino.
Este dinero, aclaró, “saldrá del aumento de la tasa aeroportuaria que creó un excedente de B/ 10 para la ATP”.
Las declaraciones del funcionario se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, donde se aprobó un monto de B/10 millones 720 mil 250 a favor de la institución.
En caso de accidente y enfermedad, el seguro cubre el transporte aéreo.
Ereida Prieto-Barreiro ereida.prieto@epasa.com PA-DIGITAL
La visita de extranjeros aumentó en los últimos años. Un seguro de vida con cobertura de hasta B/ 20 mil en caso de muerte otorgará la Autoridad del Turismo de Panamá (ATP) a los familiares de los extranjeros que fallezcan en territorio panameño.
El ministro de la ATP, Salomón Shamah, aseguró que si el turista sufre quebrantos de salud, el seguro lo cubrirá con B/ 7 mil, más siete días de hospitalización.
Además, recibirá un servicio de ambulancia aérea en caso de enfermedad y accidente.
Shamah indicó que si el turista fallece se brindará el servicio de repatriación del cuerpo y la cobertura de gastos legales.
Cobertura.
Este servicio tendrá un costo de B/ 2 por turista y será incluido en el paquete de viaje de todos los que escojan a Panamá como lugar de destino.
Este dinero, aclaró, “saldrá del aumento de la tasa aeroportuaria que creó un excedente de B/ 10 para la ATP”.
Las declaraciones del funcionario se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, donde se aprobó un monto de B/10 millones 720 mil 250 a favor de la institución.